Un tribunal marroquí impone a activistas saharauis condenas de hasta cadena perpetua por los sucesos de 2010 en el Campamento de Gdeim Izik

Marruecos ha condenado a 23 activistas saharauis, por sucesos cometidos en 2010 en el Campamento de Gdeim Izik (Campamento Dignidad) en las afueras de El Aaiún, a penas que van de 20 años a la cadena perpetua para 19 de ellos, quedando el resto en libertad por ser sus penas inferiores a los 7 años que llevan en presión.

La sentencia condenatoria ha venido desde un tribunal ordinario, después de que la Corte de Casación revocara la sentencia del Tribunal Militar de 2013 por no acreditarse los hechos imputados. Las penas impuestas por el tribunal de Salé son similares a las impuestas por el tribunal militar: de 20 años de prisión a cadena perpetua para 19 de los participantes, 6 años y medios, 4 años y 5 meses y 2 años y 3 meses para los dos restantes. Éstos últimos han sido puestos en libertad dado que ya han cumplido siete años en prisión preventiva, más de lo que ha dictado la condena.

Este juicio ha sido seguido por diferentes observadores internacionales, que han conocido el contenido de la sentencia en la madrugada del 19 de julio. Según fuentes de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (APRASE), no se han aplicado correctamente las leyes procesales marroquíes ni las del Derecho Internacional:

Entre las primeras, tenemos las relativas a la instancia (debía juzgar en primera instancia y se ha hecho en segunda), la traducción de las escuchas del hassanía (dialecto saharaui) al árabe no era traducción jurada, no se han presentado pruebas basadas en indicios ni tenían contenido vinculante. Tampoco se han encontrado pruebas periciales de ADN o huellas en las autopsias o las armas que puedan inculpar a los acusados. Por otro lado, no se vincula directamente a los acusados con una víctima concreta (no se dice “el acusado A ha matado a las víctimas X e Y”). Finalmente, tampoco se respetaron los turnos de las partes, interrumpiendo repetidamente a la defensa. Además, la causa debía juzgar a 24 personas pero una de ellas ha visto su expediente separado sin alegar ninguna razón fundada en Derecho (la razón alegada es que esta persona está hospitalizada).

Por parte del Derecho Internacional, según los Convenios de Ginebra, los tribunales de la potencia ocupante no pueden juzgar sobre actos cometidos en el territorio ocupado sino que debería ser despachados por los tribunales del Sáhara. Aún así, el propio principio de territorialidad de la legislación marroquí no se respeta, dado que en lugar de ir a la Audiencia de El Aiún se ha juzgado en la de Salé (provincia de Rabat). Finalmente había otros indicios de que se trataba de un juicio político, como una manifestación promarroquí en la puerta con fotos del monarca Mohamed VI.

Los hechos por los que se les acusa giran entorno a la muerte de 11 policías marroquíes tras el brutal desmantelamiento del campamento de protesta de Gdeim Izik en 2010. En esa fecha miles de saharauis levantaron un campamento a 15 km de El Aiún, capital del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos.

El Sáhara Occidental fue una colonia española hasta 1976, año en el que fue ocupado por Marruecos tras el abandono del Gobierno español, en la operación denominada “Marcha Verde”. Desde entonces, los saharauis se dividen entre el Sáhara ocupado por Marruecos entre acusaciones de violaciones de Derechos Humanos por organismos internacionales y ONG como Amnistía Internacional y Humans Rights Watch; y los Campamentos de Refugiados Saharauis de Tinduf, en Argelia, donde sobreviven gracias a la ayuda internacional.