Al hilo del esclarecimiento del asesinato de Diana Quer se ha podido observar en las redes sociales una preocupante tendencia -en alza sobre todo entre gente joven- en relación con las penas y medidas que deberían tomarse en éstos casos, consistentes en terribles asesinatos. Una gran cantidad de gente aboga –tristemente- en éstos supuestos por exigir sanciones penales como la cadena perpetua, las torturas e incluso hasta la pena de muerte.

Éste “debate” se desarrolla dentro de un clima de terror e inseguridad general ciudadana, el cual es alimentado por la continua aparición en los medios de comunicación –que tan poco ayudan- de los más diversos y pintorescos crímenes. Y en éste debate, el “populismo punitivo” –que PP y C’s están usando sin pudor por motivos electorales- ha cobrado mucha fuerza, poniendo en el centro del tablero la polémica pena de prisión permanente revisable.

Dicha pena se (re)incorporó a nuestro ordenamiento con la LO 1/2015 que el PP aprobó en solitario y que venía a reformar el Código Penal de 1995. La introducción de ésta pena en nuestro sistema produce un salto involutivo que nos hace retroceder hasta 1928. Desde el primer momento la inclusión de ésta pena generó controversia, tramitándose en la actualidad en el Congreso una proposición de Ley para anularla apoyada por la oposición –a excepción de C’s que exige una pena aún más severa- y un recurso de inconstitucionalidad frente al TC.

Sin obviar la tremenda lacra, máximo reflejo del fracaso de nuestra sociedad, que supone la comisión de éstos terribles crímenes para los que se prevé la prisión permanente revisable, creo –por convicciones políticas, sociales y jurídicas- que es un imperativo categórico advertir del peligro que supone ésta peligrosa deriva iniciada con la introducción –y ahora pretensión de ampliación- de dicha pena, que atenta no sólo contra los DD.HH más elementales, sino contra los postulados básicos de cualquier Estado social y democrático de derecho.

La progresiva configuración del ámbito punitivo como un “Derecho Penal del enemigo” es la peor respuesta posible para estos casos. Querer convertir a las personas  que cometen estos terribles delitos –asesinatos especialmente circunstanciados- en “animales” o seres de los que la sociedad debe librarse, y a las cárceles en lugares donde deben morir -en vez de donde deben volver a nacer- constituiría un retroceso histórico.

Pero ésta pena no sólo supone un retroceso de casi 100 años –lo que ya nos tendría que dar una pista de su naturaleza- sino que además es mala y, aún peor, inconstitucional.

Algo es malo, deficiente, cuando no sirve para cumplir su función o destino. En un Estado democrático el Derecho Penal sirve para la protección de bienes jurídicos que estimamos importantes y para brindar seguridad en el ejercicio de la libertad -en el uso de dichos bienes jurídicos-. En ese marco, las penas funcionan como un castigo para el que comete el delito, pero sobre todo como una amenaza -función de prevención- para el delincuente (prevención especial) y el resto de la sociedad (general) de que no vuelva a cometerse dicho delito.

Pues bien, como se ha puesto de manifiesto por diversos estudios penales y penitenciarios, en materia de prevención, a partir de un cierto umbral -que la prisión permanente revisable supera con creces-, no se ha podido demostrar que el aumento y endurecimiento de las penas de prisión disminuyan la probabilidad de que se vuelvan a cometer tales delitos. Se ha señalado que en materia de disuasión es mucho más útil que el hipotético delincuente sepa que, con gran certeza, “se le atrapará y castigará”, que aumentar el tiempo de condena, por ejemplo, de 25 a 40 años. Por ello, por no cumplir bien la función de prevención, la pena de prisión permanente revisable es una pena mala, una pena inútil.

David Oubel, el parricida de Moraña, único condenado hasta el momento a la pena de prisión permanente revisable

Pero como hemos dicho, dicha pena es además inconstitucional –lo que es aún más preocupante desde el prisma de un Estado de Derecho- por ser contraria a los principios y valores constitucionales y democráticos. La prisión permanente revisable es inconstitucional, como ha señalado de forma brillante Juan Antonio Lascuraín -catedrático de Derecho Penal en la UAM- en el libro “Contra la cadena perpetua” [pags. 119-124], por cuatro razones:

1. Es una pena desproporcionada: por responder a la comisión de los delitos con una dureza innecesaria y excesiva (piénsese por un momento lo que supone estar encerrado en una cárcel “como poco” 25 años), pero sobre todo por ser una pena fija y sin alternativa que no puede adecuarse a la concreta culpabilidad del autor. Como dice el profesor Lascuraín: “Es la misma pena para el asesino racista de Charleston que para la mujer inmigrante que pasto de la soledad y la penuria asesina a su hijo recién nacido”.

2. Es una pena inhumana: pues si llegamos a la conclusión, como sucedió hace años en las sociedades modernas y democráticas, de que la cadena perpetua es una pena inhumana, lo mismo ocurrirá con esta pena de prisión permanente revisable, ya que la prisión se mantiene, es perpetua, si no se cumple una condición: la reinsertabilidad del preso. Se trata, pues, de una pena inhumana sometida a una condición cuyo cumplimiento eliminaría su inhumanidad. Pero como dice el profesor Lascuraín: “lo propio de las condiciones es que podrían no cumplirse”. Es además una pena inhumana porque supone un aislamiento seguro muy duradero (25, 28, 30 o 35 años) y una eventual libertad posterior altamente insegura y arbitraria.

3. Es una pena indeterminada: por tratarse de una pena de prisión cuya concreta duración no se conoce en el momento de la sentencia, sino que varía –finalizando o no- durante su ejecución, siendo una pena sin límite máximo. Se trata de un pena de cómo poco 25 años de prisión y, como dice el profesor Lascuraín, “luego ya veremos”. Quién decidirá será un juez atendiendo a algo tan subjetivo y discrecional como la “reinsertabilidad del preso”, de alguien que, recordemos, lleva como poco veinticinco años encerrado.

4. Es una pena que no cumple el mandato constitucional de resocialización: porque la reinserción del penado deja de ser una finalidad de la pena para convertirse en una condición para su suspensión. Como dice el profesor Lascuraín: “¿Qué resocialización es posible después de 25 años de encierro? ¿Qué persona es la que, si sale, sale a la calle?”. Es paradójico que entre los criterios para conseguir la extinción de la pena estén “las circunstancias familiares y sociales” de quién lleva tanto tiempo alejado de la familia y la sociedad en general.

Por todo ello, por suponer un tremendo atraso involutivo, por ser mala e ineficiente, pero sobre todo, por ser inconstitucional, debemos decir alto y claro que estamos en contra de la pena de prisión permanente revisable, una cadena perpetua encubierta, advirtiendo de los perjuicios que la misma supone y alertando del peligroso uso del “populismo punitivo” que están haciendo respecto de dicha pena algunos (curiosamente aquellos que se autodenominan “partidos constitucionalistas”, que parecen no serlo tanto en éste tema).

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