La Constitución Española de 1978, norma fundamental y suprema de nuestro ordenamiento jurídico, se acerca a su cuarenta cumpleaños sumida en una crisis de legitimidad y rodeada de voces que exigen su reforma y adaptación a una nueva realidad política y social.

Tanto los partidos nacionalistas, vascos y catalanes -ahora centrados en el proceso independentista-, como Unidos Podemos y PSOE han manifestado reiteradamente su pretensión de reformar la Constitución. Ciudadanos, también incluyó dicha propuesta en su programa electoral del 2015. Incluso el Partido Popular, al hilo de la crisis de Estado que ha producido elasunto catalán, ha abierto la puerta a la posibilidad de una hipotética reforma, posibilitando la creación de una ya polémica comisión de reforma en el Congreso.

El procedimiento de reforma constitucional viene regulado en la propia Constitución Española y se caracteriza por ser una fórmula bastante rígida y difícil de llevar a cabo, que exige amplias mayorías tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado para formalizarse. Así, el procedimiento de reforma constitucional tiene dos variantes:

1. Un procedimiento agravado para reformas esenciales como la revisión total de la CE o la revisión que afecte a derechos fundamentales y libertades públicas, valores supremos y principios del ordenamiento jurídico o a la Corona (Título II). Dicha reforma exige una mayoría de 2/3 en Congreso y Senado, la disolución inmediata de las Cortes, la ratificación del nuevo texto por 2/3 en cada Cámara y el sometimiento a referéndum para su aprobación.

2. Un procedimiento ordinario para reformas del resto de asuntos que exige una mayoría de 3/5 en Congreso y Senado -o, al menos, mayoría absoluta en el Senado y de 3/5 en el Congreso de los Diputados-, la aprobación de la misma por las Cortes Generales y el sometimiento a referéndum si así lo solicitara una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

Vemos, pues, que el procedimiento de reforma constitucional es un proceso complejo que exige grandes mayorías y un amplio consenso entre las fuerzas políticas. Ese consenso es precisamente el que parece brillar por su ausencia, ya que, como era de esperar, los proyectos de reforma constitucional pretendidos por los diversos partidos políticos difieren entre sí:

– El PSOE apuesta por el fortalecimiento del Estado social y democrático de Derecho con el reconocimiento de nuevos derechos y libertades, una reforma del engranaje institucional en la que se transforme al Senado en una “auténtica Cámara territorial”, una reforma de la organización territorial que avance hacia el Estado Federal y un fortalecimiento de la articulación de España en la Unión Europea.

– Unidos Podemos pone el centro de atención en la necesidad de crear un nuevo encaje territorial que avance hacia un Estado federal y plurinacional que incluya el “derecho a decidir” de los distintos territorios, la creación y el fortalecimiento de derechos sociales y democráticos (con especial atención a la lucha contra la corrupción), la reforma de la justicia para reforzar su despolitización e independencia, el blindaje del Estado de Bienestar y la reforma del sistema electoral para garantizar una mayor proporcionalidad. IU, más explícitamente que Podemos, apuesta sin tapujos por la necesidad de avanzar hacia una forma de gobierno republicana.

– Ciudadanos incluye entre sus propuestas la supresión del Senado y su sustitución por un consejo de presidentes autonómicos, la reforma del sistema judicial para su despolitización con la eliminación del Consejo General del Poder Judicial, el blindaje del Estado Autonómico con la clarificación y enumeración de competencias, el reconocimiento de nuevos derechos sociales y la reforma del sistema electoral.

– Los partidos nacionalistas, en especial PNV, EHB y ERC, han insistido sobre todo en la necesidad de reformar la organización territorial del Estado. Persisten así en la idea de que España avance hacia un Estado plurinacional que reconozca la especial situación de Euskadi y Catalunya, les reconozca el “derecho a decidir”, aumente sus competencias y capacidad de auto-gobierno y consolide la descentralización del Estado. Además, reclaman el reconocimiento de nuevos derechos sociales y la reforma de la articulación institucional.

-El Partido Popular, hasta ahora en una completa posición de inmovilismo respecto del asunto, ha abierto la puerta a la posibilidad de reforma al hilo del asunto catalán. Lo cierto es que no se sabe muy bien cuáles son sus pretensiones. Quien más lejos ha llegado dentro del partido es el expresidente de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo junto a los expresidentes del Senado y el Consejo de Estado, que elaboraron un proyecto -no asumido por el PP- en el que proponen entre otras cosas reformar el Senado y fortalecer el Estado Autonómico.

Como podemos observar, la reforma de la Constitución Española tan pretendida en la actualidad por amplios sectores políticos es un proceso tremendamente complejo que necesita sobre todo de voluntad política, de un amplio consenso y de concesiones por parte de los diferentes actores políticos. Además, es un proceso lento que se ve muy influido por el contexto político y social del momento en el que se lleva a cabo, por lo que, por ejemplo, un fenómeno como el “desafío catalán” puede servir tanto de aliciente como de obstáculo.