En 2014 estalló el escándalo Lava Jato contra Luiz Inácio Lula da Silva, donde el juez Sérgio Moro lo sentenció por sobornos debido al apartamento en la playa que una constructora supuestamente le otorgó como obsequio. Lula asegura que el juez ni siquiera poseía pruebas documentales de que esa vivienda fuera de su propiedad.

Más adelante, en del 2015, se inició el proceso de “impeachment” en el Congreso a Dilma Rouseff también por vinculaciones con la Operación Lava Jato. Se la acusó de cargas menores que los que tiene la mayoría de la oposición, lo que pone en duda la legitimidad del uso del “impeachment”, por lo que observadores internacionales consideran un ajuste de cuentas entre la vieja oligarquía del Brasil post-dictatorial hacia el principal partido de izquierdas del país, el cual favoreció considerablemente a las clases populares durante sus años de mandato.

Después de la destitución de Rouseff, Michel Temer -quien está salpicado también por el caso Lava Jato- del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que mantenían coalición con el Partido de los Trabajadores de Rouseff, tomó la presidencia.

Volviendo a Lula, también existe desconfianza por su proceso judicial en la Operación Lava Jato, ya que existe una posible violación del artículo 5, inciso LVII, de la Constitución brasileña de 1988 en la decisión del Supremo (aprobada por un voto de diferencia) de que los condenados en segunda instancia podrían cumplir la condena “provisoriamente” mientras se resuelven sus recursos; ya que el artículo mencionado estima que no se puede considerar a nadie culpable hasta una sentencia condenatoria firme.

Pintada en apoyo a Lula

Por ello, Lula presentó dos acciones declaratorias de constitucionalidad a la Corte, pendientes de votación, pero que su presidenta, Cármen Lúcia, se niega a poner en el orden del día.

Así pues, el habeas corpus era el único recurso de Lula para esperar en libertad el resultado de su apelación al Superior Tribunal de Justicia. Habeas corpus que se rechazó este miércoles 4 de abril. De los once magistrados, seis votaron contra Lula y cinco a su favor. El voto más esperado por los analistas, y que se decía decantaría la balanza, fue el de Rosa Weber, que votó contra el habeas corpus a pesar de sus convicciones de la inconstitucionalidad de la prisión en segunda instancia porque no quería votar a favor cuando todavía no se había modificado el ordenamiento jurídico por los recursos de constitucionalidad que había presentado Lula, congelados, como se ha dicho, por Lúcia.

Esta paradójica situación ha llevado finalmente a Lula a prisión. Prisión decretada por el juez Sérgio Moro. Debido al cargo que ocupó, Moro le concedió la oportunidad a Lula de entregarse voluntariamente a la policía, algo que Lula hizo este sábado, después de dos días atrincherado con manifestantes haciendo de guardia en el edificio del Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, desde donde dirigió una de las mayores huelgas durante la dictadura.

En todo este entramado, Lula ha crecido espectacularmente en popularidad y las encuestas prácticamente le otorgan la victoria en las elecciones que se celebrarán en octubre; unas elecciones en las que el expresidente tenía intención de presentarse. Esta es una de las razones por las que muchos partidarios del Partido de los Trabajadores considera todo este proceso judicial contra Lula y Rouseff  como una estrategia de una elite opositora para continuar con sus intereses de clase, pues la corrupción en Brasil está seriamente banalizada y prácticamente toda la oposición tiene atrás escándalos de corrupción, pero son juzgados por instancias superiores debido a sus cargos, las cuales apenas han avanzado en sus procedimientos, al contrario que en el de Lula, donde los tribunales procedieron con una inusitada celeridad.

El contexto es de movilización continua, tanto en contra como a favor de Lula, pero especialmente aquellas convocadas por el Partido de los Trabajadores, que no dudan en considerar a su histórico líder como preso político y hacen campaña por él como víctima de una persecución judicial.

Entre las movilizaciones ha habido también amenazas de instauración de la normalidad y el orden por parte de algunas personalidades del ejército a través de las redes sociales, algo que no ayuda a calmar la situación.

A día de hoy, Lula ya está pasando sus primeros días en la cárcel y sus abogados ya han denunciado al gobierno ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y reclaman que se voten los recursos de constitucionalidad, que podrían revertir la situación del expresidente.

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Graduado en Ciencias Políticas y de la Administración, más que politólogo, prefiero ser considerado simplemente como un "observador participante del mundo", pues intento básicamente reflexionar o abrir interrogantes sobre determinados escenarios sociales que me resultan interesantes, más allá de las instituciones.