Según un informe provisional de la Cámara de Cuentas, el anterior equipo de gobierno vendió de forma ilegal 1.860 viviendas protegidas a dos sociedades del fondo buitre ‘Magic Real Estate Blackstone’.

El informe de la Cámara de Cuentas de Madrid explica que el anterior equipo de gobierno “vulneró las más elementales reglas de la buena gestión” cuando llevaron a cabo la venta de 18 promociones, 1.860 viviendas, al fondo buitre Blackstone por un valor de 128,5 millones de euros.

Dicho informe revela como antes de hacerse la operación públicamente, el 3 de mayo del 2013, Ana Botella y su equipo facilitaron, “sin la existencia de pliegos de condiciones de la venta”, información privilegiada a 4 de las empresas que se presentaban. No hubo concurrencia pública” revela la Cámara de Cuentas.

A parte de la ilegalidad por no cumplir la normativa interna, el informe cuenta que se añade el incumplimiento de diversos artículos de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

También se ignoró los criterios de racionalidad, economía y eficacia que deben presidir la gestión de los intereses públicos así como ignoró la obligación de establecer una tasación objetiva del valor de los bienes a enajenar.

1.800 familias pueden ser desahuciadas, y muchas lo han sido ya, tras esta operación. El actual equipo de gobierno, dirigido por Manuela Carmena, pide al fondo buitre que “paralice los desalojos”. “No tenemos recursos para alojar  todas esas familias”, ha declarado la concejala Marta Higueras.

Solo 300 pisos para el parque de viviendas sociales son los que acordaron con Sareb, un banco malo que cuenta con mucho patrimonio procedente de la burbuja inmobiliaria, el cual ahogaba al sector financiero en nuestro país, muy lejos de la elevada cifra de afectados por la operación con Blackstone.